Stamp Tax on Transactions by Electronic Means

Published 02 February 2016

On January 1, 2015, Law No. 5493 entered into force, introducing amendments to the Tax Code of the Autonomous City of Buenos Aires (“TC”) concerning the Stamp Tax.

The amendments to the TC regarding the Stamp Tax included – until December 31, 2015 – the following: “The acts, contracts and transactions carried out by correspondence or telegraph, e-mail , either with electronic or digital signature are subject to the Stamp Tax [ ... ] ” (bolding added for emphasis) . In this sense, the TC also provided that any of the following conditions must be verified: (i) the mail sent must have reproduced the offer, utterances or essential elements that determine the subject matter of the contract; (ii) the offer, budgets or requests must have been signed by the recipients.

With regard to the first condition, it is clear that, in accordance with the law, the mere creation of the document expressing the complete intention of the acceptor was taxable. Secondly, the law establishes that the stamp tax would be levied as long as the instrument was signed by their respective recipients.

In relation to this last aspect, although the TC expressly established that the stamp tax shall be imposed on acts, contracts and transactions carried out by email, there are certain acts performed by electronic means which have already been subject to the stamp tax. In this sense, Resolution No. 10/2009 of the Government Administration of Public Revenue ( ” AGIP ” ) provides that ” [ ... ] The acts, contracts and transactions carried out through electronic correspondence shall be subject to the stamp tax , providing that the electronic signature or equivalent key is similar to the holographic signature [ ... ] ” (bolding added for emphasis).

At first blush it seems that the TC introduced the provisions of AGIP´s Resolution, but actually both regulations differ. On the one hand, the TC did not distinguish between whether the instrument was signed digitally or electronically; on the other hand, under the Resolution only acts, contracts and transactions signed in a similar way to the holographic signature were subject to the stamp tax.

Pursuant to Law No. 25,506 on Digital Signature (the “Digital Signature Law”) the signature involves a key obtained through a mathematical procedure, using data exclusively held by the person who signs the document. This system ensures the inalterability of its content as well as the attribution of the signature to its author.

Moreover the Digital Signature Law defines the electronic signature as a set of electronic data which, logically linked with other data of similar nature, is used by the signatory as a means of identification, but without meeting the requirements for the digital signature.

Finally, Law No. 25,506 considers the digital signature as the only one which may be similar to the handwritten or holographic signature, disregarding the quality of the electronic signature. Thus, in accordance with the abovementioned law and local regulations regarding taxation, it was only feasible to apply the stamp tax to those acts, contracts and transactions that, having been agreed electronically, had only been signed digitally.

In addition, this conclusion was reinforced with the case “Grainco Pampa SA” in which, based on the principles of instrumentation and economic reality, the Argentine Supreme Court of Justice confirmed the requirement of self-sufficiency that the documents subject to the tax stamps have to meet in accordance with the Argentine Federal Revenue Sharing Law [Ley de Coparticipación Federal]. This meant that the instrument subject to the stamp tax must meet the essential elements of a legal title to allow the enforcement of the obligations contained therein.

Consequently, in accordance with the regulatory analysis made throughout this work and the arguments of the Supreme Court, only those acts, contracts and electronic transactions which have been digitally signed are subject to the Stamp Tax – provided that one of the abovementioned conditions are verified, each of which has not been amended by the new legislation.

Impuesto de Sellos sobre Operaciones a trav├ęs de Medios Electr├│nicos

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley Nº 5493, la cual introduce modificaciones al Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CF”) relativas al Impuesto de Sellos.

En lo que respecta a este gravamen, hasta el 31 de diciembre de 2015 el Art. 438 del CF estipulaba que “Los actos, contratos y operaciones realizados por correspondencia epistolar o telegráfica, correo electrónico, con firma electrónica o digital, están sujetos al pago del impuesto de Sellos […]” (el resaltado es propio). Asimismo, el CF establecía que para que opere dicho gravamen debía verificarse alguna de estas dos condiciones: (i) que la correspondencia emitida reprodujera la propuesta o enunciaciones o elementos esenciales que determinasen el objeto del contrato; (ii) que la propuesta, presupuestos o pedidos se encontraren firmados por sus destinatarios.

En cuanto a la primera condición, resulta evidente que la norma ha considerado como hecho imponible la mera creación del documento que exprese completa y acabadamente la voluntad del aceptante. En segundo lugar, claramente se estableció que se aplicaría el impuesto de sellos siempre y cuando el instrumento se encontrase firmado por sus respectivos destinatarios.

En relación a este último punto, si bien el CF había contemplado expresamente la aplicación del Impuesto de Sellos sobre actos, contratos y operaciones realizados por correo electrónico, ya con anterioridad ciertos actos celebrados por medios electrónicos se habían considerado incluidos en el correspondiente tributo. Es así que la Resolución Nº 10/2009 de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (“AGIP”) determinó que “[…] Los actos, contratos y operaciones efectuados a través de correspondencia electrónica quedarán alcanzados por el impuesto de sellos, en tanto la firma electrónica o clave equivalente sea asimilable a la firma ológrafa por disposición expresa de las leyes de fondo […]“(el resaltado es propio).

Si bien a simple vista pareciera que el CF había receptado lo dispuesto por la Resolución de AGIP, la realidad es que ambas normativas se diferenciaban notoriamente. Mientras el CF no distinguía si el instrumento había sido suscripto digital o electrónicamente, la Resolución citada en el párrafo anterior sólo consideraba afectados por el impuesto de sellos a los actos, contratos y operaciones firmados de manera asimilable a la firma ológrafa.

De acuerdo con la Ley N° 25.506 sobre Firma Digital, la misma es una clave que se obtiene mediante un procedimiento matemático, empleando datos que posee exclusivamente quien la emplea para firmar un documento. De ese modo, mediante dicho sistema se asegura la inalterabilidad de su contenido así como la atribución de la firma a su autor.

Ahora bien, dicha normativa a su vez define la firma electrónica como un conjunto de datos electrónicos que, asociados de forma lógica a otros datos de igual naturaleza, es utilizado por el signatario como un medio de identificación, pero sin reunir los requisitos propios de la firma digital.

Finalmente, la Ley N° 25.506 considera a la firma digital como la única asimilable a la firma manuscrita u ológrafa, desconociendo tal calidad respecto de la firma electrónica. En consecuencia, de acuerdo con dicha legislación y la normativa local en materia impositiva, sólo era factible aplicar el Impuesto de Sellos a aquellos actos, contratos y operaciones que, habiendo sido concretados electrónicamente, hubieren sido suscriptos únicamente mediante firma digital.

Asimismo, esta conclusión se veía reforzada por lo expuesto en el fallo “Grainco Pampa S.A.” en el cual, fundándose en los principios de instrumentación y de realidad económica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó puntualmente el requisito de autosuficiencia que deben reunir los documentos gravados por el impuesto de sellos en los términos de la Ley de Coparticipación Federal. Esto último implicaba que el instrumento sujeto al gravamen debía reunir los caracteres esenciales de un título jurídico para permitir que se exija el cumplimiento de las obligaciones contenidas en él.

Es así que, en consonancia con el análisis normativo realizado a lo largo de este trabajo y con lo argumentado por el máximo tribunal, se dictó la Ley Nº 5493 que reforma, entre otros, el art. 438 del CF estableciendo que sólo los actos, contratos y operaciones electrónicos que hubieren sido suscriptos mediante firma digital podrán considerarse susceptibles de gravar el Impuesto de Sellos, siempre y cuando se verifique alguna de las condiciones enunciadas ut supra, las cuales no fueron modificadas por la nueva legislación.